En los últimos días ha comenzado a rondar de nuevo la mala idea de prorrogar los períodos del Presidente y el Congreso de la República, y unificar así los calendarios electorales de alcaldes y gobernadores con la elección del presidente. Ya en otros lugares se ha hablado de las razones por las que dicha propuesta, en los términos que se ha planteado, es inconstitucional -se pueden ver por ejemplo, los comentarios del profesor Esteban Hoyos-. Aquí quiero discutir las razones que hacen de la sugerencia de Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, independiente de la claramente inconstitucional ampliación de períodos, una propuesta también inconveniente desde el punto de vista democrático.
Hay por lo menos tres razones por las que no se debería buscar una sincronización de los calendarios electorales. La primera tiene que ver con la defensa del pluralismo democrático. Algo de historia nos puede ser útil acá. Antes de la expedición de la Constitución de 1991 -en realidad este cambio fue establecido por el Acto Legislativo 02 de 1977-, los calendarios electorales para la elección de presidente y congresistas se encontraban sincronizados. El problema consistía en que la elección de los congresistas quedaba completamente ligada a la campaña presidencial, profundizando la debilidad del legislativo frente al ejecutivo -una característica ya preocupante del presidencialismo colombiano-. Como una forma de reforzar el legislativo, se decidió separar ambos procesos electorales apenas con unas semanas de diferencia, dejando en primer lugar la elección del Congreso y después la elección presidencial. Así funciona en este momento y tenemos buenas razones para conservar este modelo, así las elecciones cuesten más.
La elección de alcaldes y gobernadores en un momento diferente a la elección del presidente cumple la importante función de permitir que se exprese una voluntad democrática distinta a la expresada durante la elección presidencial. Es distinta pues el momento es distinto -en la mitad del mandato presidencial- y los temas que se discuten son distintos -temas locales y no temas nacionales-. Además de esto, una política local con una agenda propia incentiva el surgimiento de nuevos partidos y movimientos ciudadanos que se verían en muchos casos absorbidos por los grandes partidos si triunfara una propuesta de este tipo. Si se unifican los calendarios, perderíamos ese enriquecimiento de la democracia que es la expresión del pueblo en elecciones que se dan en momentos diferentes y discutiendo problemáticas y temas distintos.
La segunda razón por la que la propuesta es inconveniente, muy relacionada con lo que acabo de decir, es el terrible efecto que tendría sobre la política local. Un calendario unificado llevaría a que lo que más pese en las elecciones sean temas nacionales. La campaña electoral que suscita mayor interés en Colombia y que tiene mayores niveles de participación es la campaña presidencial. Es en la que creemos que más nos jugamos y tenemos buenas razones para pensarlo. Pero esto haría que los electores desviaran su atención de los temas locales para fijarla en las disputas entre santistas -no sé si todavía existen- y uribistas, petristas y duquistas -no sé si estos han llegado a existir-. Lo que quiero decir es que una reforma como la propuesta, además de dejarnos con un país menos plural desde el punto de vista democrático, debilitaría la política local y con esto, la precaria autonomía regional y municipal colombiana.
Lo anterior nos lleva a la tercera razón por la que la unificación debe ser rechazada. La sincronización de los calendarios electorales debilitaría nuestro sistema de separación de poderes, uno de los pilares de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. La red de alianzas tejida en las campañas que seguramente serán lideradas por los candidatos presidenciales, junto con una campaña centrada en lo nacional, creará un ejecutivo alineado en los diferentes niveles. Alguien podrá decir que ese es precisamente el objetivo de la reforma, alinear los diferentes niveles del Gobierno en un programa común. Ese es, sin embargo, el gran problema de la propuesta, pues esa alineación haría desaparecer lo que es en verdad una virtud de nuestro sistema: la posibilidad de que en el debate público se expresen diferentes ideas y propuestas acerca de lo que se debe hacer, ideas y propuestas que van a ser defendidas por personas que representan no sólo diferentes sectores políticos, sino que tienen diferentes poderes institucionales.
Tenemos pues fuertes razones democráticas -además de las razones constitucionales que otros han tratado- para rechazar esta propuesta que busca establecer un sistema en el que quien gane unas elecciones, las ganará todas. Un sistema de 'winner takes all' que reduce el pluralismo democrático, debilita la separación de poderes y el control institucional y deja en vilo nuestra democracia local.
Hay por lo menos tres razones por las que no se debería buscar una sincronización de los calendarios electorales. La primera tiene que ver con la defensa del pluralismo democrático. Algo de historia nos puede ser útil acá. Antes de la expedición de la Constitución de 1991 -en realidad este cambio fue establecido por el Acto Legislativo 02 de 1977-, los calendarios electorales para la elección de presidente y congresistas se encontraban sincronizados. El problema consistía en que la elección de los congresistas quedaba completamente ligada a la campaña presidencial, profundizando la debilidad del legislativo frente al ejecutivo -una característica ya preocupante del presidencialismo colombiano-. Como una forma de reforzar el legislativo, se decidió separar ambos procesos electorales apenas con unas semanas de diferencia, dejando en primer lugar la elección del Congreso y después la elección presidencial. Así funciona en este momento y tenemos buenas razones para conservar este modelo, así las elecciones cuesten más.
La elección de alcaldes y gobernadores en un momento diferente a la elección del presidente cumple la importante función de permitir que se exprese una voluntad democrática distinta a la expresada durante la elección presidencial. Es distinta pues el momento es distinto -en la mitad del mandato presidencial- y los temas que se discuten son distintos -temas locales y no temas nacionales-. Además de esto, una política local con una agenda propia incentiva el surgimiento de nuevos partidos y movimientos ciudadanos que se verían en muchos casos absorbidos por los grandes partidos si triunfara una propuesta de este tipo. Si se unifican los calendarios, perderíamos ese enriquecimiento de la democracia que es la expresión del pueblo en elecciones que se dan en momentos diferentes y discutiendo problemáticas y temas distintos.
La segunda razón por la que la propuesta es inconveniente, muy relacionada con lo que acabo de decir, es el terrible efecto que tendría sobre la política local. Un calendario unificado llevaría a que lo que más pese en las elecciones sean temas nacionales. La campaña electoral que suscita mayor interés en Colombia y que tiene mayores niveles de participación es la campaña presidencial. Es en la que creemos que más nos jugamos y tenemos buenas razones para pensarlo. Pero esto haría que los electores desviaran su atención de los temas locales para fijarla en las disputas entre santistas -no sé si todavía existen- y uribistas, petristas y duquistas -no sé si estos han llegado a existir-. Lo que quiero decir es que una reforma como la propuesta, además de dejarnos con un país menos plural desde el punto de vista democrático, debilitaría la política local y con esto, la precaria autonomía regional y municipal colombiana.
Lo anterior nos lleva a la tercera razón por la que la unificación debe ser rechazada. La sincronización de los calendarios electorales debilitaría nuestro sistema de separación de poderes, uno de los pilares de nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho. La red de alianzas tejida en las campañas que seguramente serán lideradas por los candidatos presidenciales, junto con una campaña centrada en lo nacional, creará un ejecutivo alineado en los diferentes niveles. Alguien podrá decir que ese es precisamente el objetivo de la reforma, alinear los diferentes niveles del Gobierno en un programa común. Ese es, sin embargo, el gran problema de la propuesta, pues esa alineación haría desaparecer lo que es en verdad una virtud de nuestro sistema: la posibilidad de que en el debate público se expresen diferentes ideas y propuestas acerca de lo que se debe hacer, ideas y propuestas que van a ser defendidas por personas que representan no sólo diferentes sectores políticos, sino que tienen diferentes poderes institucionales.
Tenemos pues fuertes razones democráticas -además de las razones constitucionales que otros han tratado- para rechazar esta propuesta que busca establecer un sistema en el que quien gane unas elecciones, las ganará todas. Un sistema de 'winner takes all' que reduce el pluralismo democrático, debilita la separación de poderes y el control institucional y deja en vilo nuestra democracia local.
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